El derecho de la minoridad está construido sobre un estándar conocido como “Interés Superior del Niño”, principio que, más allá de las discusiones teóricas que suscita, impone la satisfacción de las necesidades de los niños en materia de educación, salud, vivienda, alimentación, etc. Por ello, la eficacia de las resoluciones judiciales derivadas de incumplimientos alimentarios requiere de herramientas potentes e invulnerables al talento acrobático de algunos deudores.
En Nantes, Francia, Serge Charney permaneció encaramado durante 4 días en una grúa a 40 metros de altura, reclamando que se le permita ver a su hijo de quien se encuentra separado desde hace dos años, después de que la madre lo acusara de violento. En los más importantes diarios de Europa se publicó una foto de Charnay enmarcada en un grafiti escrito sobre la grúa amarilla: “Sauver nos enfants de la justice” (Salven a nuestros niños de la justicia).
Es frecuente que, en los juicios originados por denuncias de violencia familiar, jueces, defensores de menores y psicólogos escuchen el relato de los niños respecto de episodios de maltrato o abuso de los que habrían sido objeto por parte del progenitor acusado. Previsiblemente, los imputados niegan siempre las acusaciones y a menudo atribuyen el testimonio de sus hijos a maniobras de “lavado de cerebro” por parte del otro padre. En ese escenario se desarrolla uno de los capítulos más críticos de estos procesos: La evaluación de verosimilitud de las denuncias.
